Una de tantas consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas

Logros

Primero que todo con este proyecto hemos aprendido a expresarnos y a comunicarnos  mucho mejor debido a  las actividades que hemos realizado. Posteriormente atraves de estas herramientas de trabajo hemos tenido un buen dominio del lenguaje a manejar y a interactuar con la población seleccionada en el proyecto.También hemos logrado que los estudiantes del ciclo IV se concienticen  e informen mucho mejor sobre las causas y la consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y que el consumo de estas no solo generan problemas físicos o neurologios, sino que está es una problemática superior, toda esta desinformación se debe al poco interés que tienen sobre las consecuencias que conllevan a la adicción de estas sustancias.De acuerdo con las estadísticas realizadas para la informaión del proyecto hemos notado que la gran mayoría han consumido drogas por causas de sus amistades y la poca comunicación familiar.Con la realizaión de estos talleres, hemos logrado la atención y participación de los estudiantes y más que esto sea tomado como un trabajo en clase, han entendido y aprendido todo lo que les hemos querido transmitir atravez de los estudios que hemos realizado.

Represión no reduce el consumo, dice el Ministerio de Justicia

El aumento de las cifras de consumidores de drogas ilícitas, especialmente de marihuana, es una de las razones por las que el Ministerio de Justicia llevará al Congreso un proyecto de ley para crear tribunales de tratamiento.Miguel Samper, viceministro de Justicia, explicó que el objetivo es no criminalizar al consumidor, por lo que, por ejemplo, si un adicto comete un hurto en el que no hubo violencia contra la víctima, tal persona no sería capturada y llevada a una cárcel, sino a un tribunal, en el que se le fijará un tratamiento.Dijo que esta sería “una manera más inteligente” de abordar el problema, y más económica. “Mantener a un preso le cuesta al Estado 14 millones de pesos al año. Poner a estudiar a una persona le vale 4 millones, y un tratamiento para prevenir el consumo, 800.000 pesos”, afirmó Samper.El Viceministro fue crítico de lo que ha venido siendo la actual política contra las drogas. Dijo que la “política de represión frente al consumidor no está produciendo resultados de reducción del consumo ni frente al fenómeno del narcotráfico”.Propuso un replanteamiento del paradigma y de la política de drogas, basado en la no criminalización del consumidor.Lanzan observatorioInvestigaciones, radiografías completas de los cultivos ilícitos, tanto de coca, marihuana y amapola, y estudios de consumo hacen parte del Observatorio de Drogas de Colombia, que este jueves fue lanzado como herramienta clave para alimentar el diseño de la política de drogas.El sitio www.odc.gov.co será el eje de recolección de información de todas las entidades y autoridades competentes en la prevención y la lucha contra el narcotráfico.

Entrega de jeringas: el caso de Pereira en tres meses de trabajo

Las 454 personas que en tres meses han sido identificadas como consumidoras de heroína en Pereira admitieron haber compartido jeringas. El programa, conocido como 'Cambie', es de Acción Técnica Social, con el apoyo de la agencia de cooperación internacional Open Society Foundation y la Secretaría de Salud de Pereira. Aura Roig, la coordinadora, aclaró que el Ministerio de Salud no hace parte de él. 'Cambie' consiste en que los adictos entregan las jeringas que han utilizado y les dan un kit conformado por una jeringa, alcohol, agua estéril, gasa, un filtro higiénico, una cucharilla y preservativos. “Es muy difícil acceder a ellos por aspectos como la estigmatización, pero la recepción que hemos tenido en tres meses ha sido muy buena”, explicó Roig.En lo que va del programa han repartido 9.500 kits y han recibido 12 mil jeringas. De los adictos identificados, 391 son hombres, 61 mujeres y 2, transexuales. La edad promedio de los hombres es 24 y de las mujeres, 27. Del total, 184 se han hecho pruebas de sida y 3 han dado positivo. Con ellos se definen los sitios de entrega de los kits .

Tratamiento o cárcel, la elección para los adictos

El viceministro de Justicia, Miguel Samper, dice que las cifras de consumo de sustancias ilícitas, que tuvieron un notorio incremento en el caso de la marihuana, son prueba de que la política antidrogas debe reinventarse. Como parte de ese rediseño, el Gobierno llevará al Congreso un proyecto de ley para crear tribunales de tratamiento para adictos como los que ya funcionan en México y Chile. (Lea también: El consumo de tranquilizantes como drogas triplica al del éxtasis).

¿Las nuevas cifras son un campanazo de la realidad del consumo del país?

Precisamente. Lo que nos dice este incremento es que lo que estamos haciendo en materia pública de represión está mal enfocado o no ha sido suficiente. Entonces, este campanazo nos sirve para saber cuáles son las dinámicas del consumo y que la represión como único instrumento no está sirviendo.

¿Los debates sobre la dosis mínima influyeron en el aumento?

Yo no creo: lo que ha incidido es que no ha habido ese debate. Desde que empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo primero que se hizo fue abrir puertas a ver cómo hacemos una aproximación distinta a ciertos eslabones de la cadena del narcotráfico, como son el consumidor y los pequeños dealers (expendedores).

Usted dice que en las cárceles hay 30.000 consumidores. ¿Qué indica esta cifra?

Esa es también una deuda pendiente que tenemos con el país, y por eso estamos haciendo los estudios del caso. La frontera entre lo que es el consumidor o el dependiente de las sustancias ilícitas y aquel que hace microtráfico es un límite que no hemos trazado con determinación, y por eso tenemos en las cárceles del país muchas personas condenadas por microtráfico cuando la verdad es que son consumidores. Lo que buscamos es trazar de forma clara esa frontera, para que a los consumidores los tratemos con una política de salud pública, y a los narcotraficantes con una política de penalización.

¿Por eso el proyecto para crear tribunales de tratamiento?

Ese es un proyecto que está en elaboración y que llevaremos al Congreso. Hemos tomado como referente los diversos modelos que varios países han comenzado a implementar, como Perú, Chile y México. El modelo más afín a nosotros es aquel en el que no se judicializa el porte o el consumo de sustancias, sino la comisión de un delito en relación de una dependencia del uso de sustancias que pueden ser lícitas o ilícitas. Si esa dependencia es directa, los responsables podrían recibir un tratamiento a la adicción (como pena alternativa).

A una persona no se le puede obligar a someterse a un tratamiento. ¿Cómo garantizar que los adictos van a cumplir y que no seguirán delinquiendo?

Se tienen que dar los incentivos propios de todo sistema judicial. Se le dice a la persona: o se somete a este tratamiento o simplemente va a recibir una condena dentro del marco penal. Pero además, dentro de la cárcel hay que tener una oferta activa para los que son farmacodependientes o los que son dependientes de una sustancia. En la cárcel también se van a generar incentivos para que esas personas puedan acceder a un tratamiento y obtener una rebaja de penas.

¿Se crearán nuevos centros de tratamiento?

Lo que necesitamos es fijar estándares de prestación de servicios para combatir la adicción. Sin importar que estos servicios sean provistos por una entidad, un ente privado o un ente público, ese costo lo asumiría el Estado.

¿Quiénes integrarían los tribunales?

Esas son discusiones que se tienen que dar en la afinación de los detalles, pero tendrían un juez, un fiscal, un trabajador social, peritos, psicólogos y personal que pueda practicar exámenes para certificar que sí se tiene una adicción. Lo que ya está definido es que la actuación de estas personas debe ser distinta a la que hay en un proceso penal. En un proceso penal normal, el fiscal intenta imputar y demostrar la comisión de un delito punible; aquí, el fiscal casi que se pone del lado de la víctima para tratar de sacarlo de su adicción.

¿Cómo evitar que eso se convierta en una vía de escape de delincuentes?

Exámenes tanto psicológicos como pruebas químicas demostrarán la dependencia de una persona a las sustancias. Se tendrá que determinar que esa dependencia, que es muy fácil de demostrar en un proceso breve, generó u originó la relación causal directa o el hecho punible que se está judicializando. Esa conducta en todo caso no puede ser grave, por lo que será esta una vía de escape para homicidas o violadores.

¿Y si una persona alega que mató bajo efecto de la droga?

Aquí lo que se valora no es si estaba bajo el influjo o no de una sustancia, sino si tiene una adicción a una sustancia y si esa adicción fue determinante para la comisión del delito o hecho. Por ejemplo, los conductores de vehículos no podrían escapar de las sanciones establecidas por la ley solo porque estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que si la adicción al alcohol causó esta conducta sí entra dentro de la población objetivo.

¿Qué tipo de delitos estarían sujetos?

En otros países aplican los que uno podría considerar comunes: delitos contra la propiedad, hurtos sin violencia y violencia entre las personas. Por fuera quedan, claramente, los homicidios, ataques sexuales, y los delitos contra la vida, que no guardan ninguna relación con una dependencia.

¿Qué pasará si la persona no termina el tratamiento?

Sería interesante incluirle una obligación de demostrar periódicamente que no se ha consumido la sustancia a la que tiene dependencia, de modo que uno pueda hacer controles y evaluaciones periódicas sobre cómo está funcionando. Si incumple, la persona tendrá que ir al procedimiento penal normal.

¿Ese tratamiento sería en libertad?

Ese es otro factor que está en evaluación.

El consumo de tranquilizantes como drogas triplica al del éxtasis

El consumo ‘recreativo’ de medicamentos tranquilizantes en el país es mayor que el de éxtasis. Mientras que 123.645 colombianos usaron en el último año estas medicinas sin prescripción médica para drogarse, 43.700 lo hicieron con éxtasis y otros 49.756, con bazuco.

La cifra de consumidores de tranquilizantes se acerca, incluso, a la de cocaína en el último año, que es de 162.575 personas. (Lea también: Tratamiento o cárcel, la elección para los adictos).

Esa alerta es una de las que encendió el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013, revelado esta semana y que encuestó a 32.000 personas, entre los 12 y 65 años. La muestra representa a 23 millones de colombianos –la mitad de la población nacional–, y es la más completa radiografía del consumo realizado hasta ahora en el país.

El trago, el tabaco, la marihuana, la cocaína y los tranquilizantes son las cinco sustancias legales e ilegales más usadas por los colombianos. La encuesta señala que en Colombia hay al menos 3 millones de fumadores, 8 millones de consumidores de bebidas alcohólicas y 2,9 millones de consumidores de alguna droga ilícita, siendo la más común la marihuana.

Aunque el consumo de tranquilizantes, estimulantes y opioides –que están en el ‘botiquín’ de los médicos para tratar dolores y ansiedades– está lejos de los niveles internacionales, voceros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá señalan que el país no puede perderlo de vista.

Así, Jorgan Andrews, jefe de la Dirección Internacional Antinarcóticos de la embajada, dice que si bien su país ha logrado bajar las tasas de consumo de cocaína en los últimos años, el abuso de medicamentos recetados “ha sido clasificado como una epidemia”.

“Algunas personas creen equivocadamente que son más seguros que las drogas ilícitas, ya que muchas veces son prescritas por un médico profesional”, advierte.

La encuesta consultó el uso no recetado de tranquilizantes como rivotril, valium, diazepam, lorazepam, alprazolam clonazepan, y encontró que la edad de inicio en la que los consumidores prueban con fármacos es menor que antes. En el 2008, el promedio era de 22 años y en el 2013, a los 20. Las edades en las que se concentra el mayor consumo están en los grupos de 18 a 24 años y de 25 a 34.

Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos, asegura que la venta ilegal de medicinas puede “convertirse en un problema” para el país, que ha estado más concentrado en enfrentar las drogas ilícitas tradicionales. Señala que el estudio de consumo en escolares arrojó que el 4 por ciento de ellos había usado fármacos para drogarse. El estudio del 2013 –que fue liderado por los ministerios de Justicia y Salud y acompañado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc) y la OEA– encontró que 12.453 menores entre los 12 y 17 años dijeron haber consumido alguna de estas medicinas con fines no médicos.

En el 2008, las mujeres eran quienes más abusaban de los tranquilizantes (en las demás sustancias, los hombres marcan prevalencia), pero ahora hay equivalencia entre los dos géneros. Los encuestadores también preguntaron por el uso de los opioides, que son recetados para aliviar dolores extremos como los del cáncer. El resultado fue que al menos 246.100 colombianos dijeron haber consumido alguna vez estas sustancias sin una prescripción médica. En esa categoría, se consultó por la morfina, la hidromorfona, el tramadol, vicodin y la oxicodona. Esta última droga está relacionada con el mayor número de condenas en Estados Unidos contra médicos que la prescriben por dinero.

Los resultados generales muestran que Colombia hace rato dejó de ser solo un país exportador de drogas y que el consumo de sustancias ilícitas es un problema de salud pública.

Informes de la ONU señalan que el país es el cuarto consumidor de cocaína en la región, por encima de países como Chile, Uruguay y Argentina, y que la marihuana es, de lejos, el alucinógeno más consumido en todo el hemisferio.

También generan adicción

El doctor Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, dice que en el país ha aumentado el uso de benzodiacepinas, que están entre los tranquilizantes y son usadas por delincuentes para poner a sus víctimas en estado de indefensión.

Sustancias como el diazepam, el lorazepam y el clonazepam son sedantes que los médicos utilizan para controlar la ansiedad y mejorar el sueño. “Como muchas veces son prescritas, la gente las utiliza con tranquilidad, pero son altamente adictivas”, dice.

Agrega que la distribución de analgésicos como la codeína, el tramadol y la oxicodona la controla el Fondo Nacional de Estupefacientes, y que su prescripción es ahora más frecuente “en aras de garantizar un mejor control del dolor”, lo que ha dado pie para que sean desviadas hacia el diseño de drogas psicoactivas.

EE. UU., en alerta por abuso

La condena a médicos en Estados Unidos por recetar opioides y tranquilizantes para ser usados como drogas psicoactivas hace parte del capítulo de lo que las autoridades de ese país han calificado de la “epidemia” del abuso de los medicamentos. Estos son la droga más usada, después de la marihuana.

Jorgan Andrews, director de INL Colombia, dijo que, según la Encuesta de Uso de Drogas y Salud, en el 2009 un tercio de las personas en EE. UU. entre los 12 y 65 años que dijeron haber consumido drogas por primera vez lo hicieron con un medicamento con fines no médicos.

“Hace algunos años, las sobredosis eran por los opiáceos, la heroína; ahora son más por el abuso de analgésicos recetados”, dijo Andrews.

Agregó que el número de recetas en ese país se ha incrementado en una década. En el 2000, dijo, las farmacias atendieron 174 millones de fórmulas médicas de opioides, y en el 2009 fueron 257 millones, un 48 por ciento más.

También aumentó la cantidad de la prescripción: entre 1997 y 2007, el uso de opioides con restricción (como la oxicodona y la morfina) aumentó de 74 miligramos a 369 miligramos, un 400 por ciento.

Ya está en marcha el plan de jeringas para adictos

Un grupo de profesionales, liderados por el Ministerio de Salud, está recorriendo ya las calles de seis ciudades para detectar los puntos donde se reúnen los adictos a consumir heroína.

Ese es el primer paso para poner en marcha la estrategia de entregar kits con jeringas, con lo que el Gobierno busca reducir el daño entre consumidores de esta droga, pues la reutilización de jeringas está ligada al contagio de sida y hepatitis B y C.

Este miércoles, los ministerios de Justicia y de Salud revelarán la encuesta de consumo de sustancias psicoactivas, entre estas la heroína, considerada la más adictiva. El censo del 2008 señala que, para esa época, 37.836 personas dijeron haber consumido esta sustancia alguna vez en la vida.

Aldemar Parra, director de salud mental y drogas del Ministerio de Salud, explica que la entrega de los kits, que desde abril pasado se viene haciendo en Pereira y que se extenderá a Cúcuta, Medellín, Bogotá, Cali y Armenia, hace parte del Plan de Respuesta al Consumo de Heroína, diseñado en el marco de la ‘Política nacional para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto’.

Dice que esta política tiene varios ejes: estudios sobre la situación del consumo de heroína en el país, el fortalecimiento de la oferta de servicios de salud para esta población, creación de piezas de comunicación focalizada para los consumidores de heroína –que informen sobre los distintos riesgos– y el suministro de kits como respuesta integral al problema de la inyección de drogas. Los paquetes contienen una jeringa, un preservativo, gaza y alcohol, entre otros elementos.

“La entrega de insumos sanitarios está basada en las experiencias internacionales y busca proteger a los usuarios de drogas inyectadas de infecciones y de tener otras complicaciones en salud. Y por supuesto, evitar que esto también afecte en el tiempo a la población no consumidora”, dijo Parra, quien ha liderado la estrategia de choque.

Recogerán desechos

Agrega que una vez termine el reconocimiento del territorio a donde se va a llegar, el suministro se hará exclusivamente en lugares detectados de inyección, y después de la entrega habrá todo un trabajo de recogida y destrucción de las jeringas por personal capacitado y formado para esta labor.

Esta labor se basará en protocolos internacionales que incluyen un registro de la cantidad de paquetes que se entregan y de la frecuencia con que debe hacerse el suministro.

Fuentes en el Gobierno dijeron que la medida proyectada no significa que se vayan a entregar dosis de ninguna droga. Insistieron en que la postura acordada es que el Estado no reemplaza sustancias como modo de tratamiento porque no existe en el mundo evidencia científica que demuestre que una persona puede superar una adicción con sustitución de drogas.

Augusto Pérez, director de la Corporación Nuevos Rumbos y experto en reducción de consumo, dice que la entrega de agujas ha sido exitosa en países de la Unión Europea para contener la propagación de enfermedades como el sida.

Agrega que el trabajo con la población adicta a la heroína ha evidenciado que vive en condiciones vulnerables, en las cuales el riesgo de contagiarse es alto. “Recogen las jeringas del suelo o las intercambian. Siempre ha sido recomendable entregarles las jeringas con un control estricto”, anota Pérez.

Por su parte, Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, dice que esta medida solo está encaminada a la reducción de daños asociados, como la transmisión del sida, pero no busca reducir el consumo.

Pese a eso, el Ministerio de Salud asegura que a través de la entrega de los kits se logra un acercamiento a la población afectada, que se espera sea aprovechado para llevar a los adictos al sistema de salud y hacerles tratamientos tendientes a la reducción del consumo.