El viceministro de Justicia, Miguel Samper, dice que las
cifras de consumo de sustancias ilícitas, que tuvieron un notorio incremento en
el caso de la marihuana, son prueba de que la política antidrogas debe
reinventarse. Como parte de ese rediseño, el Gobierno llevará al Congreso un
proyecto de ley para crear tribunales de tratamiento para adictos como los que
ya funcionan en México y Chile. (Lea también: El consumo de tranquilizantes
como drogas triplica al del éxtasis).
¿Las nuevas cifras son un campanazo de la realidad del
consumo del país?
Precisamente. Lo que nos dice este incremento es que lo
que estamos haciendo en materia pública de represión está mal enfocado o no ha
sido suficiente. Entonces, este campanazo nos sirve para saber cuáles son las
dinámicas del consumo y que la represión como único instrumento no está
sirviendo.
¿Los debates sobre la dosis mínima influyeron en el aumento?
Yo no creo: lo que ha incidido es que no ha habido ese
debate. Desde que empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, lo
primero que se hizo fue abrir puertas a ver cómo hacemos una aproximación
distinta a ciertos eslabones de la cadena del narcotráfico, como son el
consumidor y los pequeños dealers (expendedores).
Usted dice que en las cárceles hay 30.000 consumidores.
¿Qué indica esta cifra?
Esa es también una deuda pendiente que tenemos con el
país, y por eso estamos haciendo los estudios del caso. La frontera entre lo
que es el consumidor o el dependiente de las sustancias ilícitas y aquel que
hace microtráfico es un límite que no hemos trazado con determinación, y por
eso tenemos en las cárceles del país muchas personas condenadas por
microtráfico cuando la verdad es que son consumidores. Lo que buscamos es
trazar de forma clara esa frontera, para que a los consumidores los tratemos
con una política de salud pública, y a los narcotraficantes con una política de
penalización.
¿Por eso el proyecto para crear tribunales de
tratamiento?
Ese es un proyecto que está en elaboración y que
llevaremos al Congreso. Hemos tomado como referente los diversos modelos que
varios países han comenzado a implementar, como Perú, Chile y México. El modelo
más afín a nosotros es aquel en el que no se judicializa el porte o el consumo
de sustancias, sino la comisión de un delito en relación de una dependencia del
uso de sustancias que pueden ser lícitas o ilícitas. Si esa dependencia es
directa, los responsables podrían recibir un tratamiento a la adicción (como
pena alternativa).
A una persona no se le puede obligar a someterse a un
tratamiento. ¿Cómo garantizar que los adictos van a cumplir y que no seguirán
delinquiendo?
Se tienen que dar los incentivos propios de todo sistema
judicial. Se le dice a la persona: o se somete a este tratamiento o simplemente
va a recibir una condena dentro del marco penal. Pero además, dentro de la
cárcel hay que tener una oferta activa para los que son farmacodependientes o
los que son dependientes de una sustancia. En la cárcel también se van a
generar incentivos para que esas personas puedan acceder a un tratamiento y
obtener una rebaja de penas.
¿Se crearán nuevos centros de tratamiento?
Lo que necesitamos es fijar estándares de prestación de
servicios para combatir la adicción. Sin importar que estos servicios sean
provistos por una entidad, un ente privado o un ente público, ese costo lo
asumiría el Estado.
¿Quiénes integrarían los tribunales?
Esas son discusiones que se tienen que dar en la
afinación de los detalles, pero tendrían un juez, un fiscal, un trabajador
social, peritos, psicólogos y personal que pueda practicar exámenes para
certificar que sí se tiene una adicción. Lo que ya está definido es que la
actuación de estas personas debe ser distinta a la que hay en un proceso penal.
En un proceso penal normal, el fiscal intenta imputar y demostrar la comisión
de un delito punible; aquí, el fiscal casi que se pone del lado de la víctima
para tratar de sacarlo de su adicción.
¿Cómo evitar que eso se convierta en una vía de escape de
delincuentes?
Exámenes tanto psicológicos como pruebas químicas
demostrarán la dependencia de una persona a las sustancias. Se tendrá que
determinar que esa dependencia, que es muy fácil de demostrar en un proceso
breve, generó u originó la relación causal directa o el hecho punible que se
está judicializando. Esa conducta en todo caso no puede ser grave, por lo que
será esta una vía de escape para homicidas o violadores.
¿Y si una persona alega que mató bajo efecto de la droga?
Aquí lo que se valora no es si estaba bajo el influjo o
no de una sustancia, sino si tiene una adicción a una sustancia y si esa
adicción fue determinante para la comisión del delito o hecho. Por ejemplo, los
conductores de vehículos no podrían escapar de las sanciones establecidas por
la ley solo porque estaban bajo los efectos del alcohol, mientras que si la
adicción al alcohol causó esta conducta sí entra dentro de la población
objetivo.
¿Qué tipo de delitos estarían sujetos?
En otros países aplican los que uno podría considerar
comunes: delitos contra la propiedad, hurtos sin violencia y violencia entre
las personas. Por fuera quedan, claramente, los homicidios, ataques sexuales, y
los delitos contra la vida, que no guardan ninguna relación con una
dependencia.
¿Qué pasará si la persona no termina el tratamiento?
Sería interesante incluirle una obligación de demostrar
periódicamente que no se ha consumido la sustancia a la que tiene dependencia,
de modo que uno pueda hacer controles y evaluaciones periódicas sobre cómo está
funcionando. Si incumple, la persona tendrá que ir al procedimiento penal
normal.
¿Ese tratamiento sería en libertad?
Ese es otro factor que está en evaluación.
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